27 agosto 2026 - 16:09
fuente: Abna24
Juicio contra decenas de ulemas shiíes en Baréin: acusaciones bajo la sombra de la duda y el temor a una intensificación de la presión

El juicio contra decenas de ulemas y clérigos shiíes en Baréin continúa mientras el desarrollo de las audiencias, la forma en que se han presentado los testimonios y las acusaciones planteadas por los testigos enfrentan críticas y cuestionamientos serios; los detractores del proceso consideran que los cargos formulados contra los acusados carecen de sustento suficiente y que este curso de acción podría profundizar la brecha entre el poder y una parte importante de la sociedad bareiní.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en la más reciente audiencia judicial, celebrada el 19 de agosto, el proceso de examen se prolongó por más de 13 horas.

Según los informes difundidos, los jueces y los acusados estuvieron presentes en dos salas separadas, y algunos testigos participaron en la sesión mediante enlace de video.

Uno de los testigos, además, compareció ante el tribunal con el rostro cubierto al momento de rendir su testimonio, un detalle que se ha convertido en uno de los puntos de atención en el desarrollo de este juicio.

Durante la sesión, los abogados de los acusados plantearon numerosas preguntas sobre las afirmaciones de los testigos. Entre ellas, se interrogó a uno de los testigos sobre el concepto de wilayat al-faqih, ante lo cual, según los informes difundidos, tuvo dificultades para responder. Asimismo, se plantearon alegaciones sobre un vínculo entre el ayatolá Sheij Isa Qassim y la fundación del Consejo Islámico de Ulemas, lo que provocó la objeción de los abogados de la causa y cuestionamientos sobre el grado de credibilidad y coherencia de las declaraciones del testigo.

Otra parte de la sesión estuvo dedicada a las declaraciones del Sheij Hani al-Banna. En su defensa y la de los demás acusados, subrayó que el caso no puede considerarse simplemente el juicio de unas cuantas personas, y sostuvo que este proceso tiene como blanco a la comunidad y la identidad shií de Baréin.

También afirmó, en referencia a los documentos presentados como «confesiones» de los acusados, que miles de páginas de dichos documentos nunca fueron puestas a disposición de los acusados y que algunas confesiones fueron obtenidas bajo presión, y pidió que se revisaran las grabaciones de las cámaras de las instituciones judiciales para esclarecer el desarrollo de los interrogatorios.

Según estos informes, la manera en que el tribunal reaccionó a las declaraciones del Sheij al-Banna también ha sido objeto de críticas.

Se ha señalado que, durante su intervención, el juez reaccionó en varias ocasiones de manera enérgica e intentó interrumpir sus declaraciones.

Los críticos del proceso judicial consideran que este tipo de actitudes, sumadas a las supuestas contradicciones en los testimonios, ponen de relieve la necesidad de examinar con mayor rigor las pruebas y de garantizar los derechos de los acusados dentro del proceso judicial.

Al mismo tiempo, ha aumentado la preocupación por el destino de este caso. Algunos observadores han planteado la posibilidad de que se dicten sentencias severas, incluidas penas de prisión de larga duración o cargos con calificaciones de seguridad y de índole política grave.

Desde la perspectiva de los críticos, la continuación de este proceso sin posibilitar una defensa efectiva ni un examen transparente de las alegaciones relacionadas con la forma de los interrogatorios y la obtención de las confesiones podría acarrear amplias consecuencias sociales y políticas.

En conjunto, este juicio se ha convertido ahora en uno de los casos más importantes relacionados con la situación de los clérigos shiíes en Baréin.

La continuación de la detención y el enjuiciamiento de los ulemas, junto con la ausencia de señales claras de una disminución de las tensiones, ha aumentado la probabilidad de que se profundice la brecha interna; por ello, los observadores consideran que la vía de salida sostenible pasa por la reducción de la tensión, la garantía de un proceso judicial justo y el logro de una solución política que ponga fin a este caso.

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